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DERECHO DE FAMILIAINCAPACITACIÓN JUDICIAL

Resolución de casos de incapacitación judicial, con la visión estratégica desde la experiencia de una ex juez.

La incapacitación judicial es una negación de la capacidad, pero no de la capacidad jurídica  que tiene toda persona desde que nace y que le confiere aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, sino de la capacidad de obrar o aptitud para realizar con plena eficacia y validez actos jurídicos, ejercitar derechos y cumplir obligaciones.

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¿Qué requisitos se exigen para la incapacitación judicial?

Que se padezca una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, que debe referirse en términos generales a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanencial y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efecto en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuencias.

Persistencia de la enfermedad o deficiencia que impide el autogobierno del presunto incapaz, entendiendo que dicha enfermedad debe tener cierta duración, continuidad o permanencia.

La ausencia (o deficiencia) del autogobierno por el incapaz. Esto se refiere a la ausencia de posibilidad, habilidad o facilidad de entendimiento.

La incapacitación se puede extender a la guarda y protección de la persona (incapaz) y sus bienes, o bien solamente de la persona o de los bienes. Esta protección del incapaz se puede realizar mediante de tres figuras distintas:

  • La tutela.
  • La curatela.
  • El defensor judicial.

El Código civil establece que el tutor necesitará de autorización judicial para que sean válidos determinados actos que realice con respecto al patrimonio del incapaz o tutelado.

El tutor necesitará de dicha autorización judicial en los siguientes casos:

  • Para el internamiento del tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación especial.
  • Enajenación o gravamen de bienes inmuebles, objetos preciosos, acciones de empresas, realizar préstamos,
  • Cesión de bienes en arrendamiento por tiempo superior a 6 años.
  • Renuncia de derechos del incapaz o tutelado.
  • Realizar gastos extraordinarios en los bienes.
  • Interposición de demandas, salvo en asuntos urgentes o de escasa cuantía.

Señalar que en estos procedimientos cabe la posibilidad de solicitar mientras se tramita la incapacitación, que el Juez adopte medidas cautelares para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio. Estas medidas pueden ser solicitadas por el Ministerio Fiscal o por quienes se hayan constituido como parte en el proceso de incapacitación.

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