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DERECHO PENALRECURSOS

Resolución de casos de recursos, con la visión estratégica desde la experiencia de una ex juez.

A partir de la reforma operada por la Ley 41/2015, se prevé el recurso de apelación contra todas las sentencias penales (salvo para los aforados).

Se ha debatido en la doctrina si la apelación sólo se debe prever contra sentencias condenatorias, o también contra las absolutorias.

La doctrina reiterada del Tribunal Constitucional impone que toda condena se fundamente en una actividad probatoria donde el órgano judicial haya examinado directa y personalmente la prueba, en un debate público, con la necesaria posibilidad de contradicción, por lo que el Tribunal de apelación no puede condenar sin que se haya producido ante él una repetición de la prueba.

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El tribunal de apelación no puede condenar al acusado absuelto en la instancia o agravar la condena, pero sí podrá anular la sentencia recurrida reenviando la causa al órgano que la dictó, incluyendo en tal caso un pronunciamiento sobre el alcance de la nulidad, es decir, si simplemente debe dictarse una nueva sentencia, o si la nulidad debe extenderse al juicio oral, y si procede una nueva composición del órgano que ha de dictar nueva sentencia; no tendría que cuestionarse la neutralidad por la acusación, por ejemplo, si se trata de una nulidad por omisión de la valoración de un medio de prueba cuya nulidad fue incorrectamente declarada.

La reforma de la Ley 41/2015, en cuanto a las sentencias absolutorias, pues, mantiene la posibilidad de recurso contra sentencias absolutorias por razones de prueba, pero en forma coherente con lo previsto en el art. 24 de la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La sentencia de apelación podrá ser recurrida en casación, en los términos previstos en el art. 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo que la decisión estimatoria se haya concretado en la anulación de la sentencia de primera instancia.

Si transcurre el plazo para preparar el recurso de casación (10 días) sin que ello tenga lugar, la sentencia será firme, debiendo proceder el Tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia, en su caso, a su ejecución.

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