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DERECHO PENALVÍCTIMA

Resolución de casos de desahucio, con la visión estratégica desde la experiencia de una ex juez.

La víctima es aquella que sufre en su patrimonio los efectos de la acción delictiva, y ejercita la pretensión de reparación del daño causado.

Cuando en la persecución de un delito intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, éstas habrán de informar al ofendido y al perjudicado por el delito de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin perjuicio de ello, en el momento de recibirse declaración del ofendido a presencia judicial, por el Letrado de la Administración de justicia se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa, así como de los derechos que, como víctima, posee en el proceso penal y que vienen sistematizados en la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito.

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El ofendido puede reservarse el ejercicio de las acciones civiles para su ejercicio ante la jurisdicción correspondiente, ventilándose entonces ante la jurisdicción penal únicamente la acción para la persecución del delito. Puede igualmente el ofendido o perjudicado renunciar al ejercicio de la acción civil, siempre que lo haga de forma clara y expresa y previa información por parte del Letrado de la Administración de justicia de ese derecho a renunciar.

En determinados delitos denominados semipúblicos el ejercicio de la acción penal corresponderá exclusivamente al ofendido o a su representante legal, sin que pueda incoarse por otro que no sea él procedimiento penal alguno para la persecución del hecho delictivo. Una vez iniciado el procedimiento, sin embargo, carece el ofendido de la disponibilidad sobre la acción penal.

En los delitos privados el ofendido goza del monopolio de la acción penal y de la pretensión punitiva. El Código Penal de 1995 recoge únicamente como tales en su artículo 215.1 CP las calumnias e injurias contra particulares. En este tipo de delitos el perdón del ofendido, expreso y previo a la sentencia, extingue la acción penal (artículos 130.5 y 215.3 del Código Penal).

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